El pasado 23 Febrero tuvo lugar el pleno municipal en el que se trató la aprobación provisional de la Modificación del Plan General Metropolitano, que afecta el 15% de las superficie del término municipal de Sant Feliu de Llobregat. A pesar de que el equipo de gobierno reconocía
“la falta de consenso”, que “
parecía que se hacía en contra de la opinión de todos”, que “
no se había conseguido crear puntos de encuentros”, que se reconocía que
“alguna cosa se había hecho mal”, el Ayuntamiento finalmente acordó la aprobación provisional del documento de modificación del Plan General Metropolitano, con 11 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, sin que por lo demás se explicara con claridad cuales eran las razones que justificaban las prisas en aprobar ese documento con las deficiencias anteriores, aludiendo únicamente para ello la existencia de
"posiciones que eran irreconciliables" y por tanto la aprobación no
podía esperar mas.
¿Quién no podía esperar más? La ciudadanía por su parte sí había manifestado poder esperar, en defensa de intereses sociales y públicos; solo cabe pensar que la impaciencia en su aprobación proviniera de los propietarios promotores del plan urbanístico, en defensa de sus intereses privados.
¿Qué posiciones son las imposibles de conciliar? ¿Las posiciones de los promotores e inversores inmobiliarios con las de los ciudadanos?, ¿los intereses privados con los públicos o sociales?.
¿La Democracia no consiste precisamente en eso también, en conciliar posiciones e intereses distintos a través del debate?. ¿Pero no se trataba también de aplicar la Ley de Urbanismo? ¿y por tanto también
de conocer la diversidad de intereses concurrentes? :
"Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interesos públics i privats concurrents". (art. 94.5)
La falta de una auténtica participación ciudadana, la existencia de errores en el proceso y la falta de consenso social que fueron en distintos momentos reconocidos durante el pleno por parte del equipo de gobierno, no fueron pues consideradas causas suficientes para suspender o paralizar temporalmente el proceso de aprobación del documento urbanístico, tal como fue solicitado por la
Plataforma Mas Llui Sostenible, y también por el grupo municipal de
ICV. El Documento contó finalmente con el apoyo exiguo de una mayoría de 11 concejales sobre 21 (52% de los concejales), que traducido en términos de
representatividad política, de acuerdo con los resultados de las pasadas elecciones municipales,
contaría con el precario respaldo del 48 % de los votos de la ciudadanía de St. Feliu, que depositó su confianza en los partidos favorables a la propuesta urbanística (PSC, CiU). Es decir, con un respaldo del 26,66% de los electores de la ciudad, según el censo electoral de mayo del 2007.
El proceso de toma de decisiones sobre los asuntos públicos, y sobre todo si se trata de una propuesta de envergadura como la que se votó en el pasado pleno municipal, no deberían ser similares según se cuente con la legitimidad de un proceso electoral con una alta participación del electorado o, por lo contrario, se cuente con
un modesto 55% de participación, tal como ocurrió en las pasadas elecciones municipales en Sant Feliu de Llobregat, cuya abstención supuso un 44,54% del electorado. Ese déficit de representatividad política de la institución municipal sería necesario complementarlo mediante procesos activos que incentiven la participación ciudadana en los asuntos públicos, la creación de espacios adecuados para ello y que hagan posible los debates y la corresponsabilización en las decisiones publicas. De lo contrario, la brecha entre las instituciones políticas y la ciudadanía será cada vez mayor; desincentivando de esta manera cada vez mas la participación de la ciudadanía en futuros eventos electorales.
El art. 23 de la Constitución Española legítima esa participación y corresponsabilidad en los asuntos públicos; señalando que “
Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes”. . Estimar como suficiente para un tema de gran envergadura el voto favorable del 52% de los concejales del consistorio, que además ostentan la representatividad política del 48%de los votantes y apenas el 27% de los electores, no puede considerarse mas que patetico políticamente. Dicho acuerdo debería perfeccionarse, debería estar condicionado a su ratificación por parte de la ciudadanía mediante instrumentos de
participación directa como podría ser la
Consulta Popular, tal como prevé el
Reglament de Participacio Ciutadana, tras un proceso de debate
sin exclusiones en un
marco social adecuado, como seria un
consejo asesor urbanístico. Y así, fue considerado oportuno proponerlo en el pleno municipal por parte de la
Plataforma Mas Llui Sostenible.
Durante el pleno municipal la
Plataforma Mas Llui Sostenible y las entidades que le dan su apoyo,
Assoc. Families de Mas Llui y
Assoc. Dones de Mas Llui; así como, por su lado, la
A.VV. de Mas Llui y la
Fed. AA.VV. de St. Feliu, evidenciaron con sus intervenciones que el proceso de formación del documento urbanístico de MPGM se ha realizado al margen de la mayoría de la ciudadanía, tal como también ilustran
las 1082 alegaciones individuales de vecinos y vecinas de Mas Llui (un tercio de la población adulta del barrio) que suscribieron las alegaciones conjuntas redactadas por la
Plataforma Mas Llui Sostenible en poco mas de 20 días.
El proceso llevado a cabo desde el momento de la aprobación del Avance del documento urbanístico (febrero 2006) hasta su aprobación inicial (noviembre 2008) y ahora su aprobación provisional, ha ido generando cada vez mayor conflictividad social y un incremento de falta de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones politicas-Ayuntamiento-, en vez de haber producido todo lo contrario. Ha resultado ser
socialmente insostenible. No cabe, pues, pensar que se haya aplicado algún
Programa de Participación Ciudadana, tal como se anunciaba en febrero del 2006 con la publicación del Avance de la MPGM. Un proceso que ha sido dirigido unilateralmente por el Ayuntamiento sin tener en cuenta a todos los sectores y grupos sociales significativos afectados por la propuesta urbanística y en sus distintos momentos y trámites, que también conforman parte del conjunto de la ciudadanía de Sant Feliu y del barrio de Mas Llui.
A la vista de los hechos y de sus resultados, ese proceso, -y sea dicho de paso, incluso calificado publicamente en muy contadas ocasiones como de
participativo y tímidamente por parte de los mismos responsables del equipo de gobierno-, únicamente ha perseguido
contener y
contentar a una
parte de la ciudadanía, y procurarse con ésta una aparente representatividad de la
totalidad de ella. Lo cual además de haberse demostrado como no cierto, se ha evidenciado como un grave error, tanto por sus negativos impactos sociales en la cohesión y convivencia social del barrio de Mas Llui y en la ciudad, como en la credibilidad de las instituciones políticas. (
Finalmente con la aprobación provisional se confirma la propuesta aprobada inicialmente a finales del 2008; o sea, que la perdida de suelo publico propuesta en el primer documento de MPGM del 2006 fuera incrementada de 9.596 m2 a 15.423 m2, en un 61% más, a costa de aumentar de forma equivalente el suelo residencial.)
Ahora, tras la aprobación provisional de la MPGM muchos ciudadanos y ciudadanas han presenciado que la
brecha entre la institución municipal y la ciudadanía se ha hecho mayor. El haber aceptado paralizar por unos pocos meses el procedimiento hubiera dado una oportunidad a corregir esos déficits democráticos, habilitando algunos instrumentos y mecanismos que los mismos reglamentos de urbanismo y el de participación ciudadana contemplan, como el mencionado con anterioridad y que también fue propuesto por el grupo municipal de
ICV como moción a debatir y votar; es decir, la aprobación de un
Consell Assessor Urbanistic . La moción finalmente contó con el apoyo de 10 concejales (
ICV, ERC, PPC) pero con la oposición de los 11 concejales pertenecientes a los partidos del equipo de gobierno (
PSC, CiU). O sea, que también fue vetada la propuesta de abrir un espacio social de debate y de propuestas urbanísticas, que hubiera dado esperanza en revertir esa tendencia negativa de las instituciones políticas en alejarse de las aspiraciones democráticas de la ciudadanía.
No obstante, no haber prosperado, en el actual escenario y como el que se puede prever próximamente, la reclamación de un
Espacio o Foro de debates y propuestas urbanísticas de la ciudad puede seguir siendo valida, entre otras razones por continuar siendo necesario. Reclamado sin fortuna en su momento, de acuerdo con las posibilidades que ofrecía la misma Ley del Suelo y su reglamento, quizás debiera ser ahora impulsado y promovido como espacio social de participación desde la sociedad civil. No es admisible, y que la sociedad civil permanezca impasible, desde el punto de vista de la ética social y de la defensa de los valores democráticos, tal como había señalado oportunamente el representante de la Fed. AA.VV. de Sant Feliu en su intervención en el pleno municipal que:
“11 votos no les convierten a ustedes en dueños y señores de Sant Feliu”. Y añadimos:
y menos contando sólo con el 48 % de representatividad política y el apoyo del 27% del censo electoral de la ciudad.PLATAFORMA MAS LLUI SOSTENIBLE
